Astillero Político

Julio Hernández López (columnista de La jornada)

Los primeros ataques del ala dura del priísmo a Felipe Calderón, mediante Internet, fueron opacados por una pedagógica exhibición de fuerza en Michoacán: te lo digo, domesticado PRD, para que lo entiendas, dizque rebelde PRI. Redada de burocracia de medio pelo para advertir a los opositores que la mano armada no temblará a la hora de cobrar cuentas políticas. Un golpe más de desaliento cívico, en el contexto amplio de la estrategia de desmovilización y desesperanza que según los comandantes del país les permitirá seguir ejerciendo el poder desde el miedo y el acoso (vaya ironías con La Familia: en aquella entidad, la hermana Luisa María ejerce la función de rijosa jefa política real del panismo, por encima de las estructuras formales, ostentosamente vigilada por miembros del Estado Mayor Presidencial y servida por patrullas y agentes de la policía federal). Plan electoral de choque: primero, tapabocas y aislamiento; luego, uso selectivo de la fuerza militar para amedrentar y ahuyentar. Ensayos en busca de precisar si en México la política y las elecciones deben ser sustituidas por alguna fórmula dura de dictar.

Exhibición descarnada del desamparo de un civil presuntamente gobernante, el federalmente ignorado Leonel que se fue enterando de los hechos cual marido engañado, entre el rumor de que uno de los matutinamente detenidos, y vespertinamente liberado, habría sido uno de sus hermanos. Descontón selectivo a un mandatario tocado desde los bombazos de la noche del Grito (uno de los detenidos de ayer, Mario Bautista, era jefe policiaco supuestamente confundido con uno de los detonadores), como si sólo fuera él, o sólo Michoacán, donde pudieran encontrarse similares o peores redes de complicidad gubernamental con el narcotráfico.

Godoy que es Batel, que han sido los responsables de la mayor consolidación de los negocios oscuros en la entidad cuyos grupos de narcotráfico pelean en las ligas mayores y han sido contribuyentes distinguidos de campañas y elecciones. Allí empezó, unos días después de la toma felipista del poder, la "guerra" contra el narcotráfico que hasta ahora no había alcanzado abierta y masivamente a personal político de mando, y habrá de verse si allí también se habrá dado el banderazo de salida a una nueva fase de esa sesgada campaña bélica, ahora atacando figuras políticas menores para alertar a adversarios mayores del alcance de las investigaciones y las órdenes de aprehensión que pueden allegarse. Durante largo tiempo ha corrido la versión de que el calderonismo prepara un golpe espectacular por narcotráfico contra el priísmo según eso electoralmente insurrecto, en la persona de un gobernante o dirigente de primer nivel. Ayer les avisaron (aunque, en realidad, no sólo a ellos) que deben poner sus tricolores barbas (o sonorenses bigotes) a remojar.

En la Comarca Lagunera, mientras tanto, se vive una diaria situación de terror social, con secuestros y asesinatos sin castigo. Un lector narra: “La semana pasada secuestraron a un primo mío. Duró casi 24 horas privado de su libertad y fue golpeado al punto de dejarlo ‘roto’ por dentro, su espíritu deshecho, asustado. Algo que a él le llamó mucho la atención fue el escuchar anuncios de candidatos a diputados hablando de ‘mano dura contra el secuestro’; y él ahí secuestrado, golpeado, amedrentado, como toda La Laguna, donde transitar por las calles es un peligro y desarrollar actividad económica es una invitación a la extorsión”. En esa región fue levantado un periodista de la fuente policiaca, Eliseo Barrón Hernández, que trabajaba para La Opinión Milenio. Unas ocho personas llegaron a su casa, en Gómez Palacio, Durango, y lo sacaron a golpes, frente a su esposa e hijas. Al otro día apareció, asesinado, en un canal de riego. Como es de rutina, diversas voces declarativas expresaron preocupación y solidaridad desde sus sitiales blindados: la inutilidad consumidora de altísimo presupuesto, conocida como CNDH, tomó cartas en el asunto, faltaba más, y la PGR atrajo el caso para investigarlo, desde luego, hasta sus últimas consecuencias. Circunspectos funcionarios y políticos coincidieron en clasificar al periodismo como "profesión de alto riesgo". Y el expediente de Barrón se sumará a la larga lista de crímenes (no sólo de periodistas) sin castigo.